El presente trabajo de investigación aborda un tema de suma actualidad en el marco de una sociedad cada vez más envejecida: la intervención en el tráfico económico de las personas mayores. Un colectivo vulnerable, no solo por la propia fragilidad de los sujetos que lo integran, sometidos a un progresivo deterioro intelectivo fruto de la mayor esperanza de vida sino también por las circunstancias del entorno que los acoge, capaz de generarles un daño respecto del cual carecen de medios para afrontarlo. Téngase en cuenta que la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en plena coherencia con los postulados que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, implementa un modelo normativo construido sobre el reconocimiento a las personas con discapacidad de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (art. 12 CDPD). Admitida la aplicación de esta Ley a las personas de edad avanzada, una interpretación atinada de sus mandatos normativos pasa por valorar el impacto que tiene esta nueva juridicidad en la actuación negocial de este sector poblacional; cómo juegan en él los principios de autonomía decisoria y el juego de la hegemonía de la voluntad en la toma de decisiones que le incumben de las personas mayores
