La normativa que establece el régimen jurídico de la reutilización de agua en España lleva operando más de quince años, a lo largo de los cuales no ha sido ajena a la critica. En los últimos tiempos, sus disfuncionalidades jurídicas y prácticas se han puesto aún más en evidencia por la concurrencia de una serie de factores. Dentro de estos cabe destacar el modelo en boga de la economía circular, que no desempeña el papel paradigmático que se le quiere otorgar, pero que ha servido para constatar con más fuerza la necesidad de perfeccionar y estimular aquel marco normativo, con las modificaciones y adaptaciones necesarias. Esas modificaciones, entre otros aspectos, tendrán que considerar la amenaza de sustancias potencialmente contaminantes presentes en el agua regenerada, que pueden comprometer el ejercicio de la actividad reutilizadora y que, sin embargo, carecen de regulación. Esto obliga a incorporar la perspectiva del riesgo y su gestión en el tratamiento jurídico de la reutilización. La citada perspectiva es atendida específicamente por el nuevo Reglamento comunitario 2020/741, de 25 de mayo, relativo a
