Para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijados por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, urge reorientar la actividad financiera, tanto pública como privada en el ámbito estatal y a escala universal. Con ese propósito, en esta obra se revisan los instrumentos con los que tradicionalmente se ha contado en el ordenamiento jurídico-tributario español: la extrafiscalidad -persuasiva o disuasiva- y la exención. A partir de sólidas bases doctrinales y jurisprudenciales, la autora descubre el margen de actuación constitucionalmente posible para fomentar la sostenibilidad global. Construye una propuesta para superar las limitaciones derivadas del esquema de competencias territorialmente definidas en el actual orden económico internacional, articulando incentivos fiscales coordinados. No obstante, advierte de la necesidad de un control eficiente al promover la participación privada en la consecución del interés general más allá de las fronteras. Por este motivo, repasa el control de algunas medidas fiscales adoptadas para promover impactos positivos en materia medioambiental, social y de buena gobernanza económica, realizado por el Tribunal Constitucional, los Tribunales de Cuentas -español y europeo- y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concluye que el estímulo de la responsabilidad social empresarial con la herramienta fiscal es necesario para lograr la sostenibilidad mundial. Sin embargo, el diseño normativo de los incentivos fiscales -cuya definición se propone por no existir en la legislación vigente- debe cuidarse, de manera que sean controlables y sirvan efectivamente a la razón extrafiscal que justifica su concesión, tal como han puesto de manifiesto experiencias recientes en Derecho comparado.
