A pesar de los avances que se están produciendo en la sociedad para atender las necesidades de los colectivos vulnerables, los delitos de odio aún son una realidad preocupante. Son crímenes cometidos contra personas o grupos debido a su identidad o pertenencia a un determinado grupo social, como su religión, etnia, género, orientación sexual, diversidad funcional, por cuestiones raciales o por cualquier otro elemento que implique vulnerabilidad. De hecho, aunque se han implementado diferentes medidas para dar respuesta a esta problemática, entre ellas la judicial y política, que pueden actuar como elemento coercitivo para prevenir y sancionar la violencia basada en el odio, todavía existe una presencia significativa de este tipo de delitos, ocasionando un impacto devastador en las personas afectadas (daño físico, emocional y psicológico), perpetuando de este modo la discriminación y la exclusión social. La normalización del discurso de odio ha propiciado en gran parte que las agresiones, la discriminación y en definitiva los delitos de odio no se denuncien. Asistimos a lo que se conoce como infradenuncia
