CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO II: LA MALVERSACIÓN, CONSECUENCIA DE LA INMORALIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO III: LAS ESTÉRILES MEDIDAS PREVENTIVAS
CAPÍTULO IV: EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
CAPÍTULO V: INDULTOS Y CONMUTACIONES DE PENAS
CAPÍTULO VI: LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CAUDALES MALVERSADOS
CAPÍTULO VII: TRABAS PARA PERSEGUIR Y CASTIGAR A LOS MALVERSADORES: LA NECESIDAD DE OBTENER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA LA INCOACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y LOS FRECUENTES CONFLICTOS DE COMPETENCIA
APÉNDICE DOCUMENTAL
JURISPRUDENCIA
RELACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS, ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE
BIBLIOGRAFÍA
Hasta el momento presente contamos con numerosos trabajos de investigación dedicados a analizar diversos aspectos que rodean a la malversación de caudales públicos, pero todos centrados en el siglo XX y los años que llevamos del XXI, sin aludir a los relativos al conocido peculatus de la época romana.
El objetivo fundamental del presente libro de Miguel Pino Abad, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Córdoba, pasa por explicar que la malversación fue la ineludible consecuencia de la generalizada inmoralidad pública que azotó a nuestro país en el período decimonónico. Por tal motivo, expone al lector algunos de los casos más significativos que saltaron a la luz pública en los que se vieron involucrados tanto políticos como empleados de Hacienda. Casos que, sin duda, se multiplicaron ante las estériles medidas preventivas adoptadas para erradicar esta lacra. En otros apartados, la obra se ocupa de la regulación de la malversación de caudales públicos en los diferentes Códigos penales del siglo XIX; los indultos y conmutaciones de penas que, en no pocas ocasiones, beneficiaron a los condenados; los procedimientos establecidos para intentar recuperar los caudales malversados, concluyendo con el análisis de las trabas que el propio ordenamiento jurídico mostraba para hacer viable la eficacia de dicho reintegro y que pasaban por la necesidad de obtener la preceptiva autorización administrativa para la incoación de los procesos judiciales y por los frecuentes conflictos de competencia.
