La obligación de evaluar la solvencia del consumidor ocupa un lugar muy trascendente en los instrumentos creados para la ejecución de la política de promoción del crédito responsable que ha guiado, durante los últimos años, la actuación de la UE en relación con los mercados crediticios. Las Directivas europeas de la mano de las que esta obligación se ha incorporado a la legislación de los distintos Estados miembros no precisan su contenido y dejan una amplia libertad a los estados para determinar sus consecuencias. Esta tesis analiza los criterios básicos que deben emplearse para cumplir con la obligación de evaluar la solvencia del consumidor de crédito contenida en las normas de consumo europeas y nacionales. Asimismo, este trabajo también plantea la eficacia de las sanciones administrativas establecidas en la normativa nacional y examina si el ordenamiento español ofrece algún remedio de Derecho privado que alivie al consumidor del perjuicio sufrido por el incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia.
