La imperfecta protección que el ordenamiento jurídico ha otorgado tradicionalmente a los empleados de hogar puede considerarse como uno de los déficits históricos de nuestro modelo de relaciones laborales. Desde hace décadas, la doctrina iuslaboralista ha venido reclamando la necesidad de garantizar a los trabajadores domésticos unos derechos sociales que, con las debidas acomodaciones, resulten equiparables a los del resto de trabajadores por cuenta ajena.
