La libertad de expresión es el derecho estructural de la democracia y de la civilización.
Desde que nace, el ser humano necesita expresarse. Para llegar a acuerdos, para pactar un sistema político, para el desarrollo de la ciencia. Para todo.
A lo largo del tiempo, se han dado diversos argumentos para fundamentarlo. Desde el desarrollo de la ciencia y la búsqueda de la verdad, al derecho a desarrollar una vida libre, a la propiedad y el libre mercado de las ideas, hasta la dignidad propia de la naturaleza social y dependiente de toda persona.
Sin el derecho a pensar y opinar sin miedo, y estar informados sobre los asuntos de interés público, hasta el más precario proyecto democrático sería una fantasía.
Los textos jurídicos de todo el mundo incorporan este derecho, pero apenas lo desarrollan, sin advertir al intérprete que hasta el más mínimo matiz sobre los fundamentos y objetivos que le atribuyamos determinarán contenidos y restricciones muy diferentes.
He ahí la importancia de este trabajo: las consecuencias de adherir con más o menos énfasis a un fundamento u otro nos conducirán a modelos regulatorios completamente diversos.
Hasta hace algunos años, el corpus jurisprudencial y doctrinario sobre la materia parecía sólido, bastante profundo y muy estable. Casi definitivo. Pero algunos cambios culturales, tensiones políticas, y el dinamismo aportado por internet y las RRSS, han vuelto a poner la comprensión misma de libertad de expresión en el centro de la discusión política, a veces sin conciencia de sus consecuencias ni fundamentos, y el riesgo de que ello significa para muchas de las mayores conquistas civilizatorias logradas hasta ahora, abriendo la puerta, al mismo tiempo, a modelos sociales y políticos completamente diferentes a los hasta ahora conocidos.
Ante tamaña aventura, se vuelve necesario volver a revisar los fundamentos primarios de la libertad de expresión, las fortalezas y debilidades de cada uno, las formas en que pueden ser integradas, y la huella fundante que dejan en nuestras vidas y diseños de sociedad.
Analizar críticamente los fundamentos esgrimidos a lo largo de la historia y sus principales consecuencias, nos permite recordar también que la defensa de cualquier libertad es la defensa de la libertad del otro. Que el reino del buen gusto, de lo ético, y de lo legal (es decir, de lo que debe ser regulado y sancionado por el Estado) son y deben ser del todo diferentes. Y al mismo tiempo, que la libertad de expresión ha sido pensada para asegurar ciertos objetivos de importancia crítica para la vida social, entre los cuales no se encuentra, hasta ahora, hacerse cargo de la gestión de las emociones de algunos individuos específicos.
El libro que tiene en sus manos es una síntesis de años del autor dedicados a investigar sobre estos temas, e interesará a todos quienes quieran participar en el debate actual sobre la materia, visitando sus fundamentos más profundos y los principales consensos alcanzados a nivel mundial en cuanto a su contenido y sus límites.
Francisco Javier Leturia Infante
Presidente del Consejo para la Transparencia.
Originario de Santiago de Chile, Francisco Javier Leturia Infante es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España.
En su trayectoria laboral se ha desempeñado como profesor de las facultades de Derecho, Economía y Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, así como profesor visitante de las universidades de Bologna, Génova, Autónoma de Madrid y País Vasco.
Asimismo, se desempeñó como agregado ante las Naciones Unidas en Suiza; fiscal y gerente gremial de la Sociedad Nacional de Minería de Chile; consejero de la Confederación de la Producción y del Comercio; delegado ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra; colaborador del Diario El Mercurio en la sección Artes y Letras; y organizador y expositor en numerosos cursos, talleres y seminarios.
Actualmente preside el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia desde el 29 de abril del presente año, y es presidente del Centro Nacional de Arbitrajes.
