La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es una norma cuya pretendida finalidad era la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos a los que se refiere e incluso los problemas que viene a resolver no son exactamente los mismos que los de la Directiva. Eso sin contar, naturalmente con el hecho de que, dadas las circunstancias a las que la propia Directiva se refiere, habría sido deseable una transposición más temprana, del mismo modo que esas mismas circunstancias ya habían provocado una serie de normas nacionales, anteriores (Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios) y posteriores, como fue toda la normativa denominada de segunda oportunidad y anti-desahucios. Tales circunstancias se definen en el considerando 3 de la Directiva: 'La crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participa
