La exigencia del artículo 25.2 de la Constitución española de 1978 vincula al Estado a lograr una formación integral de los internos en los centros penitenciarios. Dada la gran complejidad actual del proceso educativo y la existencia de gran cantidad de medios tecnológicos de apoyo, la educación de los presos ha de ser replanteada. Una mentalidad meramente securitaria, de vigilancia, coarta forzosamente las posibilidades de formación y hace muy difícil la tarea de quienes, en las universidades y en la administración penitenciaria, colaboran en ella para intentar el paso del foucaultiano lema "vigilar y castigar" a "vigilar y educar". A los cuarenta años de la aparición del programa penitenciario de la UNED, varios profesionales reflexionan desde la interdisciplinariedad sobre esta cuestión, tomando como guía la consigna de "no dejar a nadie atrás" que fundamenta la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
